15 de juny de 2018

El Justicia Mayor de Aragón

Juan de Lanuza. 
Monumento al Justicia Mayor en Zaragoza.
El Justicia Mayor de Aragón era una figura jurídica que simbolizaba las libertades de Aragón  donde la ley obligaba por igual al rey y al pueblo, fuese cual fuese su condición social y económica. Ante la figura del Justicia se podía recurrir contra el rey, sus ministros o contra cualquiera otra persona pidiendo una sentencia justa y acorde con los fueros, usos y costumbres del Reino de Aragón. Aunque nombrado por el rey, sus decisiones eran independientemente de los que él monarca creyese oportuno, excluyéndose posibles interferencias o desequilibrio de la balanza.
Sus atribuciones más importantes fueron la interpretación de los Fueros; era el juez que intervenía de manera decisiva en los agravios que se presentaban en las Cortes de Aragón; era el protector de los derechos individuales mediante las firmas de derecho y manifestación que significaba que si un aragonés se sentía amenazado por una acción arbitraria por parte de un juez, se prohibía que éste actuase a expensas de que el Justicia dijese la última palabra; ejercía de defensor del pueblo; y, ante él, el rey, juraba respeto a los Fueros y costumbres del Reino los reyes aragoneses.
Los orígenes de la figura del Justicia Mayor son de 1265 en que su figura pasa de ser un funcionario de la Curia Real a ser elegido por el Rey entre los caballeros de Aragón. Sus primeras funciones fueron atender y mediar en las cuestiones entre el monarca y los ricos hombres, caballeros e infanzones. También amplió poco más tarde, en 1266, sus atribuciones en causas de primera instancia y en apelaciones de sentencias emitidas por jueces locales.
Alrededor del Justicia se creó una Corte del Justicia que se reunía cada día formada por el propio Justicia y lugartenientes de índole jurista nombrados por el rey a propuesta de candidatos presentados por las Cortes aragonesas. La vigencia de los lugartenientes era de una celebración de Cortes a otras.  
A partir de las Cortes de 1592 celebradas en Tarazona, y ante la presión ejercida por el rey Felipe II (presiones políticas, pero también militares al haber entrado un ejército en Aragón y otro preparado en la frontera aragonesa con Castilla en Agreda) la figura del Justicia dependería directamente del rey, además, dejando el cargo de ser vitalicio.